miércoles, 14 de mayo de 2008

Un análisis de autenticidad hecho por la Interpol al computador portátil de las FARC no prueba nexos entre Venezuela y los Rebeldes.

La interpretación que en Colombia se hizo de los documentos encontrados en el computador personal del miembro de las FARC, Raúl Reyes, fueron desacreditados por analistas de la Secretaría General de la OEA.

Documento extaído de http://www.aporrea.org/


Explicaron que no existe evidencia que indique que los documentos disponibles para el público pudieran servir de base para ninguna de las afirmaciones extremistas hechas por el gobierno colombiano en cuanto a que Ecuador y Venezuela tuvieran algún tipo de relación financiera con los rebeldes.

El documento explica que "cualquier cobertura imparcial del próximo pronunciamiento de la Interpol dejará en claro que la autenticación de los computadores portátiles no implica la validación de las interpretaciones colombianas de su contenido".


A continuación el documentos en español, suscrito por An Open Letter to the Media:

Un análisis de autenticidad hecho por la Interpol al computador portátil de las FARC no prueba nexos entre Venezuela y los Rebeldes

La interpretación que en Colombia se hizo de los documentos ha sido desacreditada por analistas de la Secretaría General de la OEA. Hacia finales de este mes la Organización Internacional de Policía Criminalística (Interpol) determinará públicamente la autenticidad de los computadores portátiles recuperados en un campamento rebelde en Ecuador, luego del ataque a dicho refugio rebelde por parte del gobierno colombiano. Considerando la cobertura previa por parte de la prensa de la incursión y de los documentos, es para nosotros de suma importancia que los medios de comunicación interpreten de manera muy cuidadosa los hallazgos hechos por la Interpol.

Durante la primera ronda de la cobertura del evento por los medios de comunicación, surgieron considerables problemas de inconsistencia precisamente como resultado de la brecha existente entre las exageraciones de Colombia y lo que realmente dicen los documentos. Incluso si llegara a corroborarse que los computadores personales en efecto pertenecían a miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), no existe evidencia que indique que los documentos disponibles para el público pudieran servir de base para ninguna de las afirmaciones extremistas hechas por el gobierno colombiano en cuanto a que Ecuador y Venezuela tuvieran algún tipo de relación financiera con los rebeldes.

De hecho, análisis independientes de los documentos indican que el gobierno colombiano ha exagerado de manera sustancial el contenido de estos documentos, quizás con fines políticos. Cualquier cobertura mediática de los hallazgos de la Interpol deberá dejar en claro que muchas de las acusaciones colombianas ya han sido ampliamente desacreditadas. La interpretación colombiana ha probado ser tan débil que la semana pasada el señor José Miguel Insulza, Secretario General de la OEA, al rendir testimonio ante el Subcomité de la Cámara encargado de Asuntos del Hemisferio Occidental, indicó de manera inequívoca que "no existe evidencia" que vincule a Venezuela con los rebeldes colombianos.

No obstante, esta afirmación de Insulza ha pasado virtualmente desapercibida para la prensa de habla inglesa. Los analistas citan tres fallas primarias en las imputaciones hechas por el gobierno colombiano sobre los nexos entre Venezuela y las FARC:

- El "Dossier": La idea de que el gobierno venezolano le proporcionó – o intentó proporcionarle – 300 millones de dólares a las FARC se basa exclusivamente en este extracto de una carta enviada por Raúl Reyes a la secretaría de las FARC: "En cuanto a los 300, los cuales en adelante denominaremos 'dossier', actualmente se están adelantando esfuerzos en atención a las órdenes del jefe al lisiado, las cuales explicaré en una nota aparte". No hay una descripción clara de qué representan los "300".

Mientras los colombianos aseguran que se trata de una referencia a los 300 millones de dólares, igualmente podría tratarse de trescientos dólares o incluso trescientos rehenes. Nótese que esta carta tiene fecha del 23 de diciembre de 2007, dos semanas antes de la primera ola de liberación de rehenes por parte de las FARC.

- El Contacto: Para poder creer que Hugo Chávez le estaba dando apoyo material a las FARC – más allá de su rol como negociador de rehenes –, hay que aceptar que la persona a la cual los documentos de las FARC denominan bajo el nombre código "Ángel" es en efecto Hugo Chávez. Sin embargo, los documentos hacen referencia tanto a "Ángel" como a "Chávez", a veces en el mismo párrafo. Da la impresión de que los documentos se refieren a dos personas distintas.

El Tiempo: Adam Isacson, del Centro para la Política Internacional, ha hecho la evaluación más amplia de los documentos disponibles.

Además de los puntos anteriores, Isacson concluyó que la comunicación entre el gobierno de Venezuela y las FARC coincidió casi exclusivamente con el período de tiempo durante el cual Chávez fue invitado a hacer las veces de mediador en las negociaciones por los rehenes. Según palabras del propio Isacson, "al ser consideradas en orden cronológico, las comunicaciones de la guerrilla que hacen referencia a Hugo Chávez y a Venezuela parecen revelar una relación cordial pero distante hasta el otoño de 2007", exactamente el tiempo en que se iniciaron las negociaciones.

Nótese también que ya se ha probado la falsedad o lo sospechoso de otras acusaciones colombianas relacionadas con los computadores portátiles. Cabe destacar que las afirmaciones que indicaban que las FARC estaban conspirando para construir una "bomba sucia" fueron desechadas públicamente por el gobierno de Estados Unidos y por expertos en terrorismo de toda la región. Además se probó la falsedad de las acusaciones de Colombia sobre el hallazgo de una fotografía en los computadores portátiles y que mostraba una reunión entre líderes de las FARC y un funcionario del gabinete ecuatoriano. Aquí la discusión se trata del apoyo al terrorismo por parte del estado, y en el clima político actual nunca había habido tanto en juego. Dada la sensibilidad y las potenciales implicaciones para la paz en el hemisferio, es de vital importancia que los medios de comunicación sean más críticos que lo que han sido hasta la fecha con su propia cobertura.

Cualquier cobertura imparcial del próximo pronunciamiento de la Interpol dejará en claro que la autenticación de los computadores portátiles no implica la validación de las interpretaciones colombianas de su contenido, y debería tomar nota tanto del análisis independiente de los documentos como de la declaración del Secretario General de la OEA.

Atentamente,

Charles Bergquist, University of Washington, Seattle Larry Birns, Council on Hemispheric Affairs Amy Chazkel, Queens College, City Univerity of New York Avi Chomsky, Salem State College Luis Duno Gottberg , Florida Atlantic University James Early, TransAfrica Forum Board of Directors and Institute for Policy Studies Board of Directors Samuel Farber, Brooklyn College, City University of New York Sujatha Fernandes, Queens College, City University of New York Lesley Gill, American University Greg Grandin, New York University Daniel Hellinger, Webster University Forrest Hylton, New York University Diane Nelson, Duke University Jocelyn Olcott, Duke University Diana Paton, University of Newcastle, UK Fred Rosen, North American Congress on Latin America T.M Scruggs, University of Iowa Sinclair Thomson, New York University Miguel Tinker Salas, Pomona College Mark Weisbrot, Center for Economic and Policy Research John Womack, Harvard University


acsur colombia los espera hasta el final

lunes, 12 de mayo de 2008



ORGANIZACIONES CAMPESINAS E INDIGENAS DE CAUCA Y VALLE EN ASAMBLEA ANTE LA SITUACIÓN DE DERECHOS HUMANOS QUE VIVEN SUS COMUNIDADES

ACSUR
Miranda - Cauca.

En días pasados, campesinos e indígenas pertenecientes a organizaciones sociales y populares del norte del Cauca y sur del Valle, se dieron cita en reunión asamblearia, realizada en el municipio de Miranda-Cauca, para evaluar la situación de derechos humanos que enfrentan sus comunidades debido a las acciones desarrolladas por la fuerza pública en el marco de la Política de Seguridad Democrática del actual gobierno nacional.

En la reunión, a la que asistieron también representantes de la Personería Municipal y la Defensoría Regional del Pueblo, las comunidades hicieron fuertes denuncias sobre las extralimitaciones del ejército nacional con los habitantes de la región y evidenciaron su rechazo ante la fumigación forzosa de cultivos de uso ilícito y la implementación de batallones de alta montaña, al considerar que estos agudizan la situación de violencia y pobreza y se constituyen en una violación flagrante al Derecho Internacional Humanitario (DIH).

Como conclusiones de dicha reunión, las comunidades plantearon la necesidad de la presencia de organismos nacionales e internacionales que verifiquen la situación de derechos humanos, propusieron una sustitución de cultivos de uso ilícito concertada, gradual y con garantías, y reafirmaron su negativa ante la ubicación de batallones de alta montaña en cercanía a las regiones que habitan.

Además, abogaron por el intercambio humanitario al considerarlo como la única opción posible para una salida política y negociada al conflicto que enfrenta el país.

Para finalizar, enviaron un oficio al Presidente de la Republica, en el cual le dan conocimiento sobre el escenario en el que viven y le exigen el cese de las violaciones y las garantías para que en el campo sea posible una vida digna.

Comisiones de verificación se desplazan a la zona

Ante la gravedad de la situación de derechos humanos que viven los habitantes de las regiones antes mencionadas, en días posteriores a la realización de la reunión asamblearia, una comisión de verificación hizo presencia en la zona para escuchar las denuncias de las comunidades, constatar la certeza de las mismas y buscar soluciones que permitan poner fin a dichas violaciones.

Por solicitud de los organismos de verificación omitimos el nombre de las organizaciones que integraron la comisión.

viernes, 9 de mayo de 2008

La prueba es Montería





La prueba es Montería


Por
Iván Cepeda Castro

Documento extraído de El Espectador

Esta semana visité Montería por primera vez. Lo hice por invitación del Sindicato de Trabajadores y Empleados Universitarios de Colombia, Sintraunicol. El aeropuerto está cerca de la ciudad y colinda con la hacienda El Uberrimo, propiedad del presidente Álvaro Uribe. Mis acompañantes me hablan del abogado José Corena, quien se ha encargado de los negocios de tierras del Presidente y de su primo Mario Uribe. En la misma región tienen tierras los Castaño, Mancuso y alias 'Don Berna'. A pocos kilómetros se encuentran los barrios suntuosos de los ganaderos y terratenientes de la región: El Recreo y La Castellana. En este último, la familia de Mancuso tiene una gran mansión. En la ciudad hay locales comerciales que todo el mundo sabe que pertenecen al jefe paramilitar. Cuando pregunto si alguna autoridad ha ordenado la extinción de dominio sobre esos predios y negocios, quienes me acompañan se ríen. En esa misma zona quedan el club social y los estaderos, donde se hacen las reuniones de la alta sociedad. Me cuentan que en las fiestas se veía con frecuencia al ex fiscal Luis Camilo Osorio. Pasamos por el restaurante La Vittoriana propiedad de los hermanos Jaime y José Maroso, socios y testaferros de Mancuso. José fue nombrado por este gobierno en cargos diplomáticos: uno en Italia, el otro en Suiza. Ahora los grupos paramilitares los dirige Doménico Mancuso, primo de Salvatore.

A la sombra del puente que mandó a construir el presidente Uribe, y que lleva a su hacienda, en las riberas del río Sinú habitan miles de desplazados en la miseria. Vienen de sitios como Tierralta y Valencia. El Comité Civil de Víctimas del Departamento de Córdoba, Comfavic, agrupa a 7.800 familias. Muchas tienen más de un asesinado o desaparecido por los grupos paramilitares. Es obvio que para quien viviera o visitara la ciudad o las haciendas vecinas era imposible ignorar la realidad de esos crímenes. ¿Cómo desconocer que se estaban perpetrando miles de asesinatos, y no ver a los desplazados? ¿Cómo ignorar quiénes eran Mancuso y el clan de los Castaño en una ciudad en la que todo se sabe y se comenta en voz baja?

Finalmente llegamos a la Universidad de Córdoba. Los empleados y estudiantes han comenzado un movimiento para exigir que renuncie el actual rector, Claudio Sánchez Parra. También reclaman verdad y justicia. Desde 1995, 19 personas pertenecientes a la Universidad han sido asesinadas. El 18 de febrero de 2003, Mancuso citó a profesores y empleados a Santa Fe de Ralito, y les advirtió que de no asistir deberían atenerse a las consecuencias. En la reunión estaba presente el delegado del Gobierno, Félix Manssur Jattin. Luego de leer las hojas de vida de los profesores que habían sido sacadas de los archivos de la Universidad, Mancuso les presentó a Sánchez Parra y les dijo: "Éste que está aquí a mi lado es mi amigo, y en la universidad debo tener a mis hombres de confianza". El nuevo rector designó a familiares de Mancuso en puestos de dirección. A pesar de que la Fiscalía y la Procuraduría adelantan investigaciones en su contra, sigue en la rectoría. Esta semana el Movimiento de Víctimas dirigirá una petición al Gobierno y hará una campaña internacional pidiendo su destitución inmediata.

Tal vez existan fotos, testigos o grabaciones de los encuentros de los terratenientes, políticos y militares con Mancuso, mientras miles de personas estaban siendo asesinadas o desplazadas. Pero más allá de esos elementos fácticos, todo el orden social, la vecindad espacial de las grandes haciendas y los centros de la alta sociedad en Montería, muestran la realidad de un poder criminal: la prueba es la ciudad misma.

jueves, 1 de mayo de 2008

Primero de mayo - el 30 de abril-

Marcha de antorchas:
Los trabajadores vs el exe homo

Aunque este día se viene celebrando históricamente alrededor del mundo como una fecha para conmemorar y reivindicar las luchas populares, todavía existe un lugar donde el Primero de Mayo es sinónimo de tradición (en el mal sentido) y feligresía. Las calles se cierran para dar paso a la procesión del “Santo Exehomo”, ceremonia que es organizada todos los años por la junta permanente pro-semanasanta, una de las instituciones más conservadoras y por supuesto, oficialistas de la ciudad de Popayán.

Esta blanca ciudad, que para muchos no existe más allá de los cinco días que dura la semana santa, quiere perpetuar la tradición hasta donde más se pueda llenando incluso estos espacios que con tanto esfuerzo se han ganado los movimientos sociales. A tal punto ha llegado la situación que por mucho tiempo el desfile del Primero de Mayo tuvo que suspenderse, pues no había lugar
por donde llevar la marcha, ni mucho menos, permiso para realizarla.

Es por eso que en esta oportunidad, y teniendo en cuenta la importancia de no dejar ocultar por los medios oficiales y por grupos tan detestables como la junta pro semana santa que la noche del 30 de abril se realizó por las principales calles de Popayán la marcha de antorchas para conmemorar el día de los trabajadores.

Organizaciones como el Proceso de Unidad Popular del Suroccidente, Sintrabecolicas Cauca, CUT, grupos estudiantiles, la Asociación de Usuarios de Servicios Públicos, entre otros, salieron a las calles haciendo de esta una oportunidad para denunciar las circunstancias cada vez más injustas y criminales en las que vivimos todos los colombianos.

Los ejércitos del señor

Como sucede siempre en este tipo de eventos, la fuerza pública hizo fuerte presencia en los alrededores de la alcaldía y del Parque Caldas (parque central de la ciudad). A pesar de ello, los participantes en la marcha de antorchas pudieron llegar sin contratiempos hasta la Plazoleta de Santo Domingo (facultad de derecho de la Universidad del Cauca) donde se llevó a cabo un acto cultural con el que se clausuró la conmemoración de esta importante fecha.

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