Baéz, Mancuso e Izasa cuando visitaron el congreso y los recibieron como heroes de la patria.
Tomado de http://dossierpolitico.blogspot.com/2008_03_30_archive.html
Por: Carlos Jaime Fajardo (*)
El pasado 20 de julio, el presidente Uribe volvió a mencionar el concepto “Estado de opinión”, considerándolo como la fase superior del Estado social de derecho. Para entender a qué se refiere, es necesario abordar algunas características del régimen actual y cómo se ha ido configurando en las últimas 2 décadas, particularmente en los años de su gobierno.
Un régimen como el existente en Colombia tiene como blanco de sus ataques la ideología liberal y la ideología de izquierda, considerando “terrorista” a quien critica su gobierno.
A su vez ha echado mano de la combinación de lo legal con lo ilegal, mediante nexos entre funcionarios del gobierno, congresistas, militares y empresarios con los grupos paramilitares.
Si bien, ya ha habido intentos de imponer regímenes fascistas (Laureano Gómez en la década del 40 y Turbay Ayala en la del 70), es importante detenerse a analizar el actual proyecto, que logró instaurarse y que se encuentra en proceso de consolidación.
1ª Fase:
Emergencia regional del fascismo
Hay que recordar que este proyecto viene desde los años 80 con la formación de escuadrones de la muerte como “los masetos”, “la mano negra” y la creación del Movimiento de Reconstrucción Nacional MORENA, liderado por alias Ernesto Báez cuando fue alcalde de Cimitarra. Más adelante, en la década de los 90, se crearon las CONVIVIR en Antioquia, cuando Uribe Vélez fue gobernador.
En estas décadas, otro acontecimiento relevante fue la presencia de mercenarios internacionales, quienes iniciaron el entrenamiento de grupos de autodefensa, que inicialmente tuvieron como objetivo militar a las guerrillas y posteriormente a los comunistas y dirigentes sociales.[1]
Hasta antes del año 2000 los actores fascistas tenían alcance regional. En esas zonas el Estado social de derecho fue remplazado por los actores de extrema derecha, proceso en el cual aplicaron diferentes modelos de control político y militar, como el chucureño y el trujillense[2].
De lo regional y lo militar se hace un tránsito hacia lo nacional y lo político. Al respecto, vale recordar el documento de Mancuso titulado “De una orilla a la otra”, de finales de los 90, en el que se planteó la unificación de las autodefensas regionales en Autodefensas Unidas de Colombia-AUC, con el fin de darle proyección nacional. Además, se hablaba de la importancia de construir una base social para el proyecto.
Los alcaldes, gobernadores, representantes a la cámara y senadores, que promovieron y financiaron este proyecto y se constituyeron en sus voceros, son quienes hoy hacen parte de la llamada parapolítica.
Todo lo anterior trajo como consecuencia ejecuciones extrajudiciales, torturas, desapariciones, desplazamientos forzados y otras fórmulas antidemocráticas, sobre todo contra dirigentes y simpatizantes de la izquierda. El caso de la Unión Patriótica lo expresa claramente.
Hoy se sabe que todo ello ocurrió con la complicidad de entidades, instituciones y funcionarios del Estado. Durante esta primera fase se fue tejiendo un proceso en diferentes ámbitos, logrando someter a instituciones estatales regionales y locales a sus proyectos de rentabilidad y muerte.
Finalizando la década de los 90 y empezando el siglo XXI, tal proyecto encontró su oportunidad en una sociedad en crisis económica, política y espiritual. Con el saliente gobierno de Pastrana Arango, y ante la falta de soluciones por parte de la izquierda (tanto armada como no armada) y de las instituciones, se dio el ascenso de la propuesta fascista.
El discurso en los medios de comunicación, la naciente lucha contra el terrorismo después de las torres gemelas y de intelectuales de derecha que empezaron a proponer la necesidad de un gobierno de mano dura como el de Fujimori en el Perú, facilitó el asenso de la figura de Uribe Vélez como la única opción.
2ª Fase:
Institucionalización del modelo fascista
Sin duda, el triunfo de Uribe Vélez con más de seis millones de votos en la primera vuelta lleva a que el modelo fascista inicie con relativa facilidad su proceso de institucionalización. Es por eso que a los cinco días de posesionarse, se declaró el estado de conmoción interior, lo cual le dio un periodo de 180 días para establecer medidas económicas, políticas y militares especiales.
En esos días se decía que “para un país anormal se requieren leyes anormales”, e incluso el ministro del interior de ese momento, Londoño Hoyos, consideraba fundamental volver al estado de sitio y proponía reformar para tales fines la constitución de 1991.
En ese mismo mes de agosto se expidió el decreto sobre las zonas de rehabilitación y consolidación, en las cuales se recortaron las garantías civiles y políticas a tal punto que el comandante militar era quien asumía la gobernabilidad del territorio. En dichas zonas no se permitía el tránsito de periodistas extranjeros y se empadronó a la población. Afortunadamente la Corte Constitucional consideró inexequible tal decreto.
El llamado estatuto antiterrorista que se presentó meses más tarde, que entre otras cosas autorizaba las “chuzadas” telefónicas, fue también declarado inexequible; sin embargo, esta medida se aplicó posteriormente de facto, como se evidenció con los recientes escándalos del DAS, en lo que no se salvaron ni los funcionarios de la OEA.
Más adelante, con Santa Fe de Ralito y la ley de Justicia y Paz, hecha a la medida para legalizar bienes acumulados por los procesos regionales del fascismo, junto a los procesos de impunidad, fueron dándole legalidad y legitimidad al proyecto, a tal punto que voceros de los paramilitares visitan el Congreso y el ejecutivo busca darles estatus político.
Golpes de opinión
Por otra parte, se empezaron a implementar los “consejos comunitarios” todos los sábados en diferentes regiones del país. Este espacio mediático, además de constituirse en una forma de propaganda del modelo, los tres poderes públicos se disuelven temporalmente en la figura del presidente, quien cumple funciones de juez, legislador, contralor y asignador de gastos públicos.
Basado en los ideales del Estado Comunitario, en esta fase se promovieron políticas y corrientes ideológicas de control, orden y homogenización del pensamiento mezclado con el individualismo neoliberal.
Dicha propuesta logra ganarse la base social, gracias no solo los “consejos comunitarios” y a la gran exposición de la figura presidencial en los grandes medios de comunicación, sino también por programas asistenciales como “familias en acción”, “jóvenes en acción”, bonos para la tercera edad, etc. Todo esto logró gran aceptación entre algunos sectores populares, llevando a los altos índices de popularidad que en momentos han superado el 80%.
Aunque en términos generales el régimen no ha derrumbado aún el orden constitucional vigente, sí logró que fuera aprobada la reelección inmediata del presidente, lo que estremeció el espíritu de la constitución. El consecuente fortalecimiento del poder ejecutivo ha minado lo que se conoce como los pesos y contrapesos de la democracia liberal.
En esta fase, la acumulación capitalista logra los índices más altos, llegando cerca de 7 puntos del PIB, fruto de la flexibilización laboral, el saqueo de recursos naturales y la entrega de empresas estatales a megamonopolios y la constitución de megaproyectos, tanto mineros como agroindustriales, forjando con ello un gran botín que ha llevado a pugnas entre voceros y aliados del modelo.
3ª Fase:
Estado de opinión: agonía del Estado social de derecho
Con la institucionalización del modelo fascista vino también el fortalecimiento de las AUC, el reencauche de los escuadrones de la muerte con base social y la pugna entre los fascistas por quién debe conducir el modelo. Ante esto último se habla de avanzar por medio del “Estado de opinión”.
Vale precisar que desde la teoría política no existe una definición al respecto, por lo que es necesario hacer una descripción a partir de la observación.
El llamado “Estado de opinión” se puede asumir de dos formas:
A través de formas de opinión que buscan intimidar a la población. A finales de 2008 circularon por todo el país panfletos que anunciaban jornadas de limpieza y el toque de queda a las 10:00 p.m. en casi todo el territorio nacional. Tal vez nunca en la historia de Colombia se había dado una campaña de amenazas y control de tal magnitud, logrando crear terror entre los sectores populares, pues hasta la pobreza fue criminalizada.
La otra expresión del “Estado de opinión” tiene que ver con invocar al pueblo para que legitime medidas anticonstitucionales, a través de referendos, plebiscitos y papeletas, utilizando el sentir popular en discursos chovinistas, como una supuesta defensa de la patria.
Con esto se pretende frenar la relativa independencia de los otros poderes públicos y justificar el cierre de instituciones o la implementación de medidas excepcionales, para hacer caso omiso a las decisiones del poder judicial o legislativo, convocando al “tercer Estado”, en nombre de la democracia.
En ese panorama, la existencia de las instituciones demoliberales del Estado social de derecho es un obstáculo para los objetivos del régimen. Ejemplo de ello son las Cortes, que han entrabado no sólo intereses políticos sino económicos.
Esa figura también serviría para solucionar las pugnas al interior de la bancada uribista en el Congreso, las cuales ha dificultado en momentos el avance del modelo. Muestra de ellos es el trámite del referendo reeleccionista.
Con tal propuesta, se busca es desconocer la legalidad y constitucionalidad que aún rigen a la sociedad colombiana, para imponer un modelo fascista similar a los que emergieron en algunas zonas del país, pero con institucionalidad propia y cobertura nacional. Jaime Garzón lo decía hace 11 años: “él (Uribe) vislumbra a este gran país como una zona de orden público total, es decir como un solo CONVIVIR”[3].
Si bien esto está atravesado por una coyuntura como es el referendo reeleccionista, la propuesta de desconocer el orden constitucional con la utilización del “Estado de opinión” es sin duda una fase de mas largo plazo, necesaria en el actual régimen para asegurar su plena consolidación, ya sea con la segunda reelección de Uribe o mediante mecanismos de fuerza, con Uribe o sin él.
Con este régimen, los sectores dominantes han alcanzado privilegios económicos y políticos, los cuales no serán cedidos fácilmente ante las reglas de la democracia liberal. Por ello acudirán a cualquier triquiñuela para mantener este proyecto, ya sea golpes, autogolpes, carros bomba, guerras fronterizas, en fin, se inventarán cualquier hecatombe que los justifique.
En conclusión, me atrevo a opinar que hoy en Colombia acudimos a la tercera fase del fascismo y a la agonía del Estado Social de Derecho, lo que unido a la dispersión y debilidad de la oposición y de la izquierda en particular, hace más complejo el panorama. Sin embargo, esto no sin significa que no hay alternativas para apostarle a construir una democracia plena.
[1]Ver, PEARCE, Yenny. Colombia dentro del laberinto. Altamir ediciones. 1992
[2] Ver, Panorama de derechos humanos y violencia política en Colombia, deuda con la humanidad. Paramilitarismo de Estado en Colombia 1998-2003 Cinep 2004
[3] Verhttp://www.youtube.com/watch?v=pgnpj8LlUe0
(*) Sociólogo, ensayista e investigador independiente e integrante de la Revista Viento del Sur
