
miércoles, 13 de febrero de 2008
lunes, 11 de febrero de 2008
ACSUR Se conecta con Latinoamérica y el Mundo
SEGUN EL VOCERO DE LA CRUZ ROJA, DEBE APLICARSE LA CONVENCION DE GINEBRA
"En Colombia hay conflicto armado"
Pese a que el presidente Uribe insiste en etiquetar a las FARC como organización terrorista, para el portavoz de la Cruz Roja en Colombia hay una guerra y las dos partes deben respetar los principios de derecho humanitario. Sin referirse al rol de los mediadores, dijo que prefiere las operaciones discretas.
Por Katalina Vásquez Gusmán
desde Bogotá
Para ver más visite: www.pagina12.com.ar.

La senadora colombiana Piedad Córdoba, a punto de subirse a un helicóptero de la Cruz Roja.
Son rubios, hablan con un acento extraño y pronuncian con dificultad palabras como Istima o Saravena, nombres de pueblos donde ahora se enfrentan la guerrilla y las fuerzas del Estado colombiano, y donde estaría la población objetiva de sus labores. Ellos conocen como muy pocos la situación y las víctimas que produce el conflicto armado que vive Colombia hace décadas. Integran el Comité Internacional de la Cruz Roja (Cicr) que tiene presencia en el país desde 1981, cuando firmaron con el gobierno nacional el "acuerdo de sede" que les permite realizar sus acciones humanitarias. La más reciente y, hoy día, más popular, es la liberación de las rehenes de las FARC Clara Rojas y Consuelo González de Perdomo.
Yves Heller, portavoz del Cicr en Colombia, habló con Página/12 acerca de los propósitos y las misiones que adelantan en medio de la guerra que se vive en campos y ciudades colombianas, de por qué existe un conflicto armado interno en el país –aunque el presidente Alvaro Uribe se niegue a reconocerlo– y de las reglas de juego en el conflicto, sean o no las organizaciones armadas declaradas terroristas. Heller, en declaraciones a este diario, hizo una oferta de servicio a las FARC para visitar los campamentos guerrilleros y verificar el estado de salud de los rehenes para una oportuna atención médica, como reacción a la conmoción provocada por las pruebas de vida de ocho secuestrados entregadas el lunes en Bogotá y difundidas ayer en medios de comunicación locales e internacionales.
La misión para liberar a Clara y Consuelo no es la única que realizó el Cicr en Colombia. "De manera general, hacemos eso tipo de trabajo con menos atención mediática. Hacemos liberaciones de rehenes de manera bastante regular y en la mayoría de los casos esas acciones no salen en los medios. No buscamos la publicidad, lo que buscamos es poder hacer la misión en el marco de cierta discreción y confidencialidad para hacer la acción lo más rápido posible", explicó Heller.
"La primera vez cuando salimos (durante la operación Emmanuel) hubo mucha atención mediática y también cierta presión política. En la misión exitosa lo que hicimos fue tratar de minimizar el número de personas que iba a salir al punto de la entrega de los rehenes para poder adelantar la acción humanitaria lo más pronto posible. Recibimos la información el miércoles por la noche, con las coordenadas, y el jueves salimos muy temprano y en poco tiempo pudimos, con pocas personas y de manera discreta, ir al sitio y participar de la entrega de Clara Rojas y Consuelo González", señaló el portavoz.
Para Heller, lo que ocurrió ese día es una muestra más de que en Colombia sí hay un conflicto armado interno, distinto a lo que ha dicho en reiteradas ocasiones el presidente Uribe, quien ha señalado la situación del país de "amenaza terrorista" y a los guerrilleros como "terroristas en una democracia" en vez de "insurgentes contra una dictadura".
"En Colombia el Cicr es el guardián del Derecho Internacional Humanitario (DIH). Acá el Estado se está enfrentando con grupos armados organizados que tienen cierto control de un territorio, que están generando consecuencias humanitarias, que ejercen operaciones militares sostenidas y concertadas, y que tienen un cierto mando, cierta organización militar. Por eso, para el Cicr existe en Colombia un conflicto armado interno y debe aplicarse el protocolo II de Ginebra en estas situaciones", afirmó, aclarando que el Cicr "no se mete con la discusión sobre el terrorismo".
El portavoz agregó: "No es porque hay unos grupos armados organizados que están cometiendo actos que se llaman terroristas que no hay una aplicación del DIH. El Estado y los grupos armados como las FARC y el ELN tienen la obligación de respetar el DIH".
La presencia del Cicr en Colombia, así como la de Naciones Unidos, la OEA (Organización de Estados Americanos) y otras organizaciones de carácter humanitario ratifican que el país está en guerra. Y, aún más grave, que la confrontación armada produce víctimas que ellos mismos y, sobre todo el Estado, deben atender. "Hoy, por ejemplo, hay más o menos dos mil personas que están siendo desplazadas en Arauca (al norte, en el límite con Venezuela), a raíz de los efectos del conflicto. Eso muestra que hay una grave situación: el conflicto ha provocado entre dos y tres millones de desplazados, miles de personas desaparecidas, cientos de rehenes", relató Heller.
Como parte de sus labores para mitigar el sufrimiento por la guerra, y promoviendo principios de neutralidad e imparcialidad, el Comité Internacional de la Cruz Roja podría ser la alternativa para el terrible drama que sufren los secuestrados en poder de las FARC. "A través de sus contactos con grupos armados organizados el Cicr hace todo lo posible para asegurar la pronta liberación de los rehenes. Ese es el objetivo inmediato. (...) Tenemos que hacer todo lo posible para asegurar que esas personas puedan vivir en condiciones humanitarias aceptables. Por eso, en el marco de nuestro trabajo, hacemos una oferta de servicio a las FARC para que el Cicr haga visitas tanto a los rehenes civiles como a los detenidos de la fuerza pública en poder de la guerrilla para visitarlos, verificar su estado de salud.
No hemos recibido una respuesta positiva sobre este asunto. Eso es un gesto humanitario, es urgente, esas personas no tienen acceso a todos los medicamentos y servicios médicos que ellos necesitan. Así que el Cicr se queda preocupado por la situación de esos rehenes y dispuesto, como organización humanitaria, a hacer todo lo posible para visitarlos", señaló Heller.
"En Colombia hay conflicto armado"
Pese a que el presidente Uribe insiste en etiquetar a las FARC como organización terrorista, para el portavoz de la Cruz Roja en Colombia hay una guerra y las dos partes deben respetar los principios de derecho humanitario. Sin referirse al rol de los mediadores, dijo que prefiere las operaciones discretas.
Por Katalina Vásquez Gusmán
desde Bogotá
Para ver más visite: www.pagina12.com.ar.

La senadora colombiana Piedad Córdoba, a punto de subirse a un helicóptero de la Cruz Roja.
Son rubios, hablan con un acento extraño y pronuncian con dificultad palabras como Istima o Saravena, nombres de pueblos donde ahora se enfrentan la guerrilla y las fuerzas del Estado colombiano, y donde estaría la población objetiva de sus labores. Ellos conocen como muy pocos la situación y las víctimas que produce el conflicto armado que vive Colombia hace décadas. Integran el Comité Internacional de la Cruz Roja (Cicr) que tiene presencia en el país desde 1981, cuando firmaron con el gobierno nacional el "acuerdo de sede" que les permite realizar sus acciones humanitarias. La más reciente y, hoy día, más popular, es la liberación de las rehenes de las FARC Clara Rojas y Consuelo González de Perdomo.
Yves Heller, portavoz del Cicr en Colombia, habló con Página/12 acerca de los propósitos y las misiones que adelantan en medio de la guerra que se vive en campos y ciudades colombianas, de por qué existe un conflicto armado interno en el país –aunque el presidente Alvaro Uribe se niegue a reconocerlo– y de las reglas de juego en el conflicto, sean o no las organizaciones armadas declaradas terroristas. Heller, en declaraciones a este diario, hizo una oferta de servicio a las FARC para visitar los campamentos guerrilleros y verificar el estado de salud de los rehenes para una oportuna atención médica, como reacción a la conmoción provocada por las pruebas de vida de ocho secuestrados entregadas el lunes en Bogotá y difundidas ayer en medios de comunicación locales e internacionales.
La misión para liberar a Clara y Consuelo no es la única que realizó el Cicr en Colombia. "De manera general, hacemos eso tipo de trabajo con menos atención mediática. Hacemos liberaciones de rehenes de manera bastante regular y en la mayoría de los casos esas acciones no salen en los medios. No buscamos la publicidad, lo que buscamos es poder hacer la misión en el marco de cierta discreción y confidencialidad para hacer la acción lo más rápido posible", explicó Heller.
"La primera vez cuando salimos (durante la operación Emmanuel) hubo mucha atención mediática y también cierta presión política. En la misión exitosa lo que hicimos fue tratar de minimizar el número de personas que iba a salir al punto de la entrega de los rehenes para poder adelantar la acción humanitaria lo más pronto posible. Recibimos la información el miércoles por la noche, con las coordenadas, y el jueves salimos muy temprano y en poco tiempo pudimos, con pocas personas y de manera discreta, ir al sitio y participar de la entrega de Clara Rojas y Consuelo González", señaló el portavoz.
Para Heller, lo que ocurrió ese día es una muestra más de que en Colombia sí hay un conflicto armado interno, distinto a lo que ha dicho en reiteradas ocasiones el presidente Uribe, quien ha señalado la situación del país de "amenaza terrorista" y a los guerrilleros como "terroristas en una democracia" en vez de "insurgentes contra una dictadura".
"En Colombia el Cicr es el guardián del Derecho Internacional Humanitario (DIH). Acá el Estado se está enfrentando con grupos armados organizados que tienen cierto control de un territorio, que están generando consecuencias humanitarias, que ejercen operaciones militares sostenidas y concertadas, y que tienen un cierto mando, cierta organización militar. Por eso, para el Cicr existe en Colombia un conflicto armado interno y debe aplicarse el protocolo II de Ginebra en estas situaciones", afirmó, aclarando que el Cicr "no se mete con la discusión sobre el terrorismo".
El portavoz agregó: "No es porque hay unos grupos armados organizados que están cometiendo actos que se llaman terroristas que no hay una aplicación del DIH. El Estado y los grupos armados como las FARC y el ELN tienen la obligación de respetar el DIH".
La presencia del Cicr en Colombia, así como la de Naciones Unidos, la OEA (Organización de Estados Americanos) y otras organizaciones de carácter humanitario ratifican que el país está en guerra. Y, aún más grave, que la confrontación armada produce víctimas que ellos mismos y, sobre todo el Estado, deben atender. "Hoy, por ejemplo, hay más o menos dos mil personas que están siendo desplazadas en Arauca (al norte, en el límite con Venezuela), a raíz de los efectos del conflicto. Eso muestra que hay una grave situación: el conflicto ha provocado entre dos y tres millones de desplazados, miles de personas desaparecidas, cientos de rehenes", relató Heller.
Como parte de sus labores para mitigar el sufrimiento por la guerra, y promoviendo principios de neutralidad e imparcialidad, el Comité Internacional de la Cruz Roja podría ser la alternativa para el terrible drama que sufren los secuestrados en poder de las FARC. "A través de sus contactos con grupos armados organizados el Cicr hace todo lo posible para asegurar la pronta liberación de los rehenes. Ese es el objetivo inmediato. (...) Tenemos que hacer todo lo posible para asegurar que esas personas puedan vivir en condiciones humanitarias aceptables. Por eso, en el marco de nuestro trabajo, hacemos una oferta de servicio a las FARC para que el Cicr haga visitas tanto a los rehenes civiles como a los detenidos de la fuerza pública en poder de la guerrilla para visitarlos, verificar su estado de salud.
No hemos recibido una respuesta positiva sobre este asunto. Eso es un gesto humanitario, es urgente, esas personas no tienen acceso a todos los medicamentos y servicios médicos que ellos necesitan. Así que el Cicr se queda preocupado por la situación de esos rehenes y dispuesto, como organización humanitaria, a hacer todo lo posible para visitarlos", señaló Heller.
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domingo, 10 de febrero de 2008
Arma química policial provoca éxodo masivo en zona rural de Valdivia, norte de Antioquia
Desde el pasado 7 de febrero, cerca de 520 familias campesinas llegaron al casco urbano de Valdivia, norte de Antioquia, como producto de la fumigación aérea con glifosato por parte de la policía nacional.
Las familias campesinas llegaron desplazadas de las veredas Pensilvania, Santa Bárbara, Astillero, La América, Génova, Montefrio, Fuqui y La 14, entre otras. Además se espera el arribo de otras dos mil personas más, provenientes de 11 veredas de la localidad. Según el auxiliar de la Personería de Valdivia, Juan Carlos Ruiz, desde noviembre del año pasado esa entidad había lanzado una alerta temprana ante las fumigaciones aéreas con glifosato por parte de la policía.
Los labriegos llegaron a protestar buscando soluciones a la problemática social, ambiental y económica, ante lo cual, los irresponsables medios de información como la F.M, El Tiempo y Caracol noticias, no dudaron en estigmatizar a los campesinos acusándolos de ser enviados de los movimientos insurgentes, por su parte, RCN ocultó la información de dicho éxodo.
Los labriegos insisten que la erradicación significa el cese de su actividad económica: el cultivo de la hoja de coca. Organismos internacionales ambientales, de derechos humanos y organizaciones campesinas e indígenas colombianas han insistido en la necesidad de inversión social y técnica en el campo que permita llevarse acabo una sustitución de cultivos para uso ilícito, y que a su vez, el gobierno ejerza control hacia la importación de productos químicos provenientes Estados Unidos necesarios para el procesamiento de la cocaína y demás drogas ilicitas.
Esta política de uso de químicos como el glifosato y el hongo fusarium que causan deterioro ambiental por contaminar cultivos de pancojer, ríos, cañadas y perjudican la salud humana de centenares de niños, ancianas, mujeres embarazadas y demás comunidades del campo, es el resultado de “la lucha contra el narcotráfico” propiciado desde Washington (EE.UU.) que utiliza la destrucción del ambiente como arma de guerra.
El día del desplazamiento forzado de los campesinos, el Secretario de Estado para asuntos de Narcóticos de Estados Unidos, David T. Jonson, manifestó “estar satisfecho con los logros alcanzados en Colombia”. Así mismo, dijo que su país otorgó “ayuda” a las autoridades colombianas por más de 4.000 millones de dólares desde el años 2000 hasta el 2006 por medio del Plan Colombia. Esta unión macabra de estos dos gobiernos se ve reflejado en el aumento de la violencia, el deterioro ambiental, el daño a la salud humana, el desplazamiento de centenares de campesinos, indígenas y afrocolombianos pobres que no pueden volver a sus fincas.
El funcionario Estadounidense aprovechó para atacar una vez más al gobierno Venezolano por su negativa a aplicar las mismas medidas del gobierno colombiano.
______________
Por: Jhon Jairo Perez, comunicador social independiente. Corresponsal desde Medellín para ACSUR COLOMBIA
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sábado, 9 de febrero de 2008
EN EL DÍA DEL PERIODISTA
PERIODISMO EN COLOMBIA - EJERCICIO EN MEDIO DEL CONFLICTO
A Todos los colegas periodístas en nuestro país, queremos desearles éxitos en su labor incansable por develar aquellos apartes de la historia de nuestra compleja realidad, silenciados por el egoísmo y la avaricia...

tomada de:www.argenpress.info
Hoy, 9 de febrero, queremos rendir un merecido homenaje a todos aquellos periodístas alternativos que tanto en medios oficiales como alternativos, se enfrentan a la dificil tarea de expresarse para comunicar con honestidad, desafiando el temor y la aguda represión afrontada en un país como Colombia.
Esperando un año lleno de batallas y justas victorias en contravía de la indiferencia y la manipulación informativa, les enviamos un calurosos y fraterno saludo en el día del Periodísta.
ACSUR COLOMBIA colombia los espera hasta el final
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martes, 5 de febrero de 2008

Especial para Agencia de Comunicaciones del Sur
ACSUR COLOMBIA
CRÓNICA
COLOMBIA… ¿SOMOS TODOS?
El pasado 4 de febrero, el despertar aparentaba ser distinto…
Las ciudades del mundo se preparaban para vestir de mil colores sus ajetreadas avenidas para respaldar la causa colombiana.
En nuestro país, cientos de personas que otrora transitaban desprevenidas, apremiadas por el cotidiano ajetreo de la urbe, lucían, altivamente el tricolor nacional, estampado en albo fondo como elemento suficiente para demostrar su repudio ante la violencia… la bandera colombiana, esa bandera tan nuestra, tan de todos, ondeaba precipitada e ingenuamente por todos los rincones…
En el ambiente reinaba un sentimiento de indignación frente a la guerra; una guerra atroz vivida por los colombianos durante años, que al parecer, esta vez, todos creían comprender; una realidad reconocida con sabor a resignación, parecía mostrarse tan clara!... esa misma realidad que nunca ha sido explicada ni entendida con auténtica atención en sus verdaderas dimensiones, total, esta vez, como otras tantas veces en nuestro agobiado país, eso no era significativo para las secuelas que procuraban implantar aquellos enemigos furtivos que, estratégicamente, se valieron de la desilusión y la incertidumbre colectiva para manosear insolentemente nuestra memoria, intentando anular de ella las auténticas causas del conflicto.

Todos en el país parecían hablar un mismo lenguaje; un lenguaje atestado de reproches y exclamaciones espontáneas e inseguras de su verdadera naturaleza, que se confundían en sentimientos dolientes, temores e inconformidades con los que la gente parecía sentirse escuchada; un lenguaje soterradamente instaurado que disimulaba ante los ojos del mundo, los egoístas propósitos de los sectores interesados en condensar los odios en el país, en alimentar el continuismo y normalizar el incremento desmesurado de una violencia sin tregua validada como estrategia de lucha para el logro de la “seguridad democrática”.

Las paredes de las múltiples edificaciones, observaban perplejas el paso maquinal de la caminata… una jornada sin abusos, sin condenas ni atropellos revolvía el diario transcurrir; una marcha con singulares previsiones que aunque para muchos representaba una opción eficaz para demostrar su solidaridad, transitaba convenientemente respaldada por crueles verdugos, los mismos que, revestidos por un aparente halo benefactor, han favorecido y justificado durante todos estos años de violencia en el país, las mayores inequidades e injusticias cometidas impunemente contra nuestro pueblo.

Estos personajes, ilusoriamente bondadosos, se mostraban ayer, 4 de febrero, ostentosos, fiscalizándolo todo, no perdiendo de vista el avance de la manifestación, observando con deleite el numeroso espectáculo de la manipulación.
Los medios de comunicación masivos resguardaban la causa y promovían la consigna, generando en el ambiente una falsa impresión de identidad y hermandad, que se entremezclaba desgarradoramente con el mutismo culpable ante la verdadera barbarie oculta tras el escenario dispuesto para la ocasión.
El acto era impecable. La gente se agolpaba hacia las calles con pañuelos, pitos y consignas, persuadida de estar siendo consecuentes con la situación presentada en el entorno, allá, en la calle; mientras tanto, los otros, artífices del engaño, cuantificaban ganancias y sonreían ante un evidente éxito de taquilla, con repulsiva saciedad.

El 4 de febrero, un día trascendental de aparente unidad, de exigencia por la libertad y la justicia, se convertía entonces, de esta forma, en un episodio más en esta estrategia de guerra descarada empleada contra nosotros mismos que no pareciera tener fin… una maniobra asistida insistentemente para minar nuestras consciencias, nuestros ánimos y nuestro verdadero sentido de patria conducido hacia la derrota de ideales más humanos y acordes con las necesidades vividas y sentidas en el país.

Entre banderas blancas, recios discursos plagados de ambigüedades y peligrosas aseveraciones y emotivas intervenciones de aquellos abatidos por la violencia que marchaban sin saber exactamente hacia donde, se ahogaban las promesas de una salida política y negociada a nuestro conflicto, la posibilidad de un intercambio humanitario como paso certero hacia el verdadero reconocimiento de la magnitud de lo que sucede en Colombia; un gesto que devolviera ciertamente la esperanza a un pueblo cansado de padecer y reclamar sin ser escuchado…

Atrás, en el olvido, quedaban los devastadores efectos de la pobreza; en un rincón, donde aún muchos se rehúsan a dejar el recuerdo de sus víctimas y desaparecidos, quedaba el rastro inmisericorde de la violencia dejada al paso de los escuadrones paramilitares, sembradores de la muerte y con ello, miles de dolientes familiares siempre anónimos que nunca obtuvieron el protagonismo ni tan siquiera el permiso para llorar a sus muertos.

Atrás, sin gran reparo, se abandonaban los remordimientos ante los centenares de amigos, hermanos, padres, madres, hijos, vecinos y colegas, tan colombianos como los mismos marchantes, silenciados brutalmente por una guerra sin tregua desatada contra todos aquellos seres que alguna vez intentaron unir sus voces y sus esfuerzos en la búsqueda de un país mejor siendo avasallados por la represión, atrás, como un mal recuerdo, quedaban silenciados por la inadvertencia los miles de colombianos periodistas, maestros, líderes populares, estudiantes e intelectuales, condenados a vivir en el exilio por el hecho de intentar denunciar la barbarie afrontada en Colombia, disimulada ante ojos extranjeros con sutiles estrategias mediáticas y diplomáticas.
Parecía entorpecer en las consignas la memoria de los desaparecidos dirigentes de la Unión Patriótica, de Jaime Garzón y Guillermo Cano, parecía no tener eco la ausencia de los miles de líderes campesinos, indígenas, estudiantes y trabajadores asesinados por defender sus principios y su dignidad; parecía no existir reclamo alguno para los culpables del forzoso adios y la desvergonzada censura ejercida contra los periodistas Fernando Garavito, Daniel Coronell, Alfredo Molano, Holman Morris y Carlos Lozano entre otros tantos retratistas de la cruda realidad colombiana…
Atrás, quedaba la desilusión ante la evidencia del engaño, de la corrupción imperante entre aquellos que ostentan en sus manos los destinos de nuestra tierra; atrás quedaban en la marcha del 4 de febrero aquellas preguntas sin respuesta, todos los sueños malogrados por la codicia, el histórico clamor de quienes día tras día sobreviven entre la miseria y el miedo en ese mismo país en el que hoy parecían existir las suficientes garantías para la utopía, para la libre expresión, para la vida…
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domingo, 3 de febrero de 2008
CRECE EXPECTATIVA ANTE NUEVO ANUNCIO DE LIBERACIÓN

FARC REALIZARÍAN NUEVA ENTREGA UNILATERAL EN TERRITORIO COLOMBIANO
En medio de un panorama incierto para los familiares de los secuestrados tras la exitosa liberación de Clara Rojas y Consuelo Gonzáles de Perdomo por parte de las FARC - EP, la cual no obtuvo respaldo suficiente del gobierno que permitiera la realización de nuevos acercamientos, una esperanza renace para ellos luego de que en el día de hoy,3 de febrero, se hiciera público en internet un comunicado expedido por la guerrilla Colombiana, donde se menciona la liberación de 3 secuestrados más en los próximos días en territorio Colombiano.
Este comunicado, expedido por el Secretariado de dicha organización guerrillera, consta de seis puntos; en él, se menciona la liberación de los excongresistas: Gloria Polanco de Lozada, Luis Eladio Perez y Orlando Beltrán Cuellar, los cuales serían liberados principalmente por condiciones de salud.igualmente se plantean algunos aspectos con respecto a los términos en los que se realizaría la entrega.
En el documento, se resalta la labor de mediación realizada tanto por el presidente Venezolano, Hugo Chávez Frías, como por la senadora colombiana Piedad Córdoba para la consecusión de acercamientos hacia un eventual proceso de Intercambio Humanitario. en este pronunciamiento, se resalta la necesidad de que sean estos dos o sus delegados, los encargados de recibir a los 3 liberados que serían entregados en territorio colombiano.
Frente al tiempo de realización de la operación propuesta, la organización guerrillera hace énfasis en que trabajarán "sin prisas ni pausas" para garantizar las condiciones necesarias para la entrega. Igualmente,denuncian la actividad de la dirigencia colombiana junto a la ingerencia de los Estados Unidos en asuntos internos, lo cual, según ellos, seguirá repercutiendo en la continuación del combate contra la corrupción y en favor de la soberanía nacional.
Este anuncio que se realiza en el día de hoy, genera nuevas expectativas para los familiares de los secuestrados, quienes en fechas recientes habían confirmado su negativa a participar en la marcha contra las FARC, convocada por los medios tradicionales de comunicación, voceros gubernamentales y demás figuras públicas en la vida del país, por tratarse precisamente de un escenario donde se propende por una polarización que dificulta y entorpece la posibilidad de alcanzar la realización del proceso de intercambio humanitario.
Pese a las nuevas posibilidades que hoy se presentan al respecto, voceros del gobierno colombiano han manifestado recibir con agrado la posibilidad de la nueva liberación, pero se declaran hasta el momento escepticos frente al tema pues no existe una confirmación sobre dicho evento, por lo que hablan de mantener los operativos militares en todo el territorio nacional hasta no existir claros indicios para la realización de esta liberación.

Aunque se espera un pronunciamiento oficial por parte del gobierno que permita avanzar en la consecusión de esta nueva liberación y aun cuando los familiares de los secuestrados han solicitado en repetidas oportunidades las garantias necesarias para obtener su liberación, el clima de estigmatización que recae sobre la figura del presidente Venezolano y la senadora colombiana como mediadores del proceso de liberación y de Intercambio con las FARC, respaldado por los medios masivos de comunicación en el país sumado a la reiterada negativa para la suspensión de los operativos militares en las zonas donde se encuentran los secuestrados, todavía representan obstáculos evidentes para los acercamientos que conduzcan a un buen desarrollo de los hechos.
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En medio del Espectáculo Mediático
Un Artículo para la Reflexión
No solo hay secuestrados por las guerrillas, hay miles de desaparecidos, asesinados y desplazados por agentes estatales y grupos paramilitares
Ivan Cepeda
El Espectador
Señor Presidente, en menos de dos semanas los grupos paramilitares —ahora mimetizados en la vaga definición de bandas emergentes— han asesinado a 12 personas, han desaparecido a nueve y han desplazado a otras 120. El 31 de diciembre de 2007, en el corregimiento de El Palmar, Nariño, asesinaron a cuatro adultos y un menor. El ex gobernador de ese departamento, Eduardo Zúñiga, atribuyó la masacre a paramilitares. Ese mismo día en Medellín, fue desaparecido el abogado Víctor Hugo Gallego, de la Corporación para la Paz y el Desarrollo Social, Corpades.
El abogado Gallego había formulado insistentes denuncias sobre la actuación paramilitar en Medellín. El 11 de enero de 2008, mientras se realizaba una fiesta familiar en el barrio ‘Once de noviembre’ de Santa Marta, varios hombres armados llegaron disparando, asesinaron a cinco personas e hirieron a tres más. Las víctimas eran líderes comunitarios. El 14 de enero, la Defensoría del Pueblo informó que un grupo paramilitar incursionó en Santa Mónica, Chocó, asesinó a dos personas, se llevó a otras ocho y desplazó a cerca de 120 habitantes de la población.
A estos graves hechos cabe agregar que recientemente en Bucaramanga han aparecido en lugares públicos mensajes amenazantes del grupo ‘Águilas Negras’. El alcalde de la ciudad desestimó las amenazas diciendo que estos grupos no tienen presencia allí. No obstante, en un informe de 2007, la Defensoría del Pueblo advertía que en el departamento de Santander se registra la existencia de tales agrupaciones. Esto significa que en cuatro departamentos del país y en menos de 15 días, los paramilitares han cometido dos masacres, varias desapariciones forzadas, y han provocado el desplazamiento forzado masivo luego de una incursión armada.
Pareciera que esas víctimas son inexistentes. De ellas no llegarán pruebas de supervivencia. Sus restos irán a parar a las fosas comunes o a los ríos. Ni los gremios empresariales ni la Iglesia ni los alcaldes ni los gobernadores ni los grandes medios de comunicación convocan a marchas de rechazo ciudadano ante esos crímenes. Tampoco reclaman que devuelvan con vida a los desaparecidos.
¿Qué se puede esperar de esos funcionarios e instituciones cuando la actitud del Gobierno Nacional está marcada por el silencio y la negación? En vez de condenar esas atrocidades, Usted, señor Presidente, se empeña en intentar convencer al país y al mundo de que los grupos paramilitares ya no existen en Colombia; una afirmación que desmienten irrefutablemente los hechos. ¿Cuándo se pronunciará Usted sobre los crímenes contra la humanidad que siguen cometiendo los grupos paramilitares? ¿Cuándo hará una alocución solemne para condenar las desapariciones forzadas masivas que han llevado a miles de compatriotas a fosas comunes y cementerios clandestinos? ¿Cuándo el Gobierno Nacional se pronunciará oficialmente contra el desplazamiento forzado practicado por los paramilitares que han arrebatado la tierra a millones de compatriotas?
Es cierto que el secuestro es una práctica criminal que la sociedad colombiana no debe tolerar bajo ningún concepto. Pero en Colombia no sólo existen cientos de secuestrados por las guerrillas. Hay miles de desaparecidos, asesinados y desplazados por agentes estatales y por los grupos paramilitares que, como Usted recordará, fueron auspiciados hace más de una década a través de las empresas de seguridad Convivir. Esa realidad no se desvanecerá con la tozuda insistencia del Gobierno en una concepción unidimensional del terrorismo.
Ivan Cepeda es abogado especialista en derechos humanos, director de la Fundación 'Manuel Cepeda Vargas' y miembro del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes del Estado.Jjunto con otros defensores/as de los derechos humanos, ha colaborado en la documentación de aproximadamente 40.000 casos de serias violaciones a los derechos humanos, cometidas en Colombia desde 1996.
fm_cepeda@yahoo.fr / tomado de: www.elespectador.com
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