viernes, 29 de agosto de 2008

CUBRIMIENTO ESPECIAL

MARCHA NACIONAL CONTRA EL HAMBRE Y LA POBREZA

Desde tempranas horas se dieron cita el día de ayer 28 de agosto en el romboy de la “Chirimía”, calle 13 con carrera 17, en la ciudad de Popayán; cientos de manifestantes pertenecientes a diferentes organizaciones sociales, entre las que se encontraban: de destechados, de asentamientos urbanos, de mototaxistas, de organizaciones campesinas e indígenas del Departamento del Cauca para iniciar un recorrido de 15 días hasta la ciudad de Santafé de Bogotá.
Los marchantes, se dirigen a la capital de la República a presentar un pliego que contiene entre otros puntos: el establecimiento de una política clara de vivienda, salud, educación, servicios públicos y empleo; una regulación idónea y viable frente a los moto-taxistas, quienes se han venido organizando mediante asociaciones, una de ellas “ASOMOTO”. Además, mediante el pliego se exigen unas soluciones concretas frente a la privatización de las plazas de mercado, así como del sector agrario por la legislación actual relacionada con la producción de la leche y la panela, entre otros.
Esta Marcha también procura visibilizar el incumplimiento y las trabas puestas por las diferentes instituciones encargadas de la adecuación y posterior ejecución del “Proyecto Ciudad Futuro Las Guacas”; con el que se beneficiarían 3.088 familias de bajos recursos del Departamento.
Entre estos incumplimientos esta el de la Fundación Minuto de Dios quien es la empresa constructora y que no ha adelantado hasta el momento la construcción de las casas que debía entregar para el mes de diciembre.
De otro lado y en diálogos sostenidos con voceros de la Marcha, se plantea que en cada una de las estaciones que tienen previstas a lo largo de su recorrido por cuatro departamentos antes de llegar a Bogotá, se van a ir sumando otros manifestantes; porque para ellos, todos los sectores se están viendo afectados por las políticas del Gobierno a nivel Nacional que reflejan su afán de empequeñecerse y de no responder por las obligaciones que tiene para con sus ciudadanos de garantizarles todos los derechos consagrados en la Constitución Política.

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